Las pólizas tienen que adaptarse a los cambios legislativos que afectan a la responsabilidad de los administradores de empresas. La suma asegurada de una póliza de D&O debería fijarse en un mínimo de 3 millones de euros. Es la principal conclusión de la nueva sesión ‘Diálogos 2020’ organizada por Fundación Inade que contado con las exposiciones de la magistrada Nuria Fachal y del director general de Hiscox España, David Heras.
Otro de los aspectos destacados en el encuentro se refiere a las fusiones de sociedades, con la recomendación de contratar por parte de las dos sociedades que se fusionan, antes de su extinción, una última prórroga de cuatro años para atender a posibles reclamaciones por conductas ocurridas antes de la fusión. De lo contrario se corre el riesgo de que estas responsabilidades queden fuera de la cobertura de la sociedad resultante de la fusión y tengan que hacerse cargo de las mismas los propios administradores.
David Heras detalló el funcionamiento de los seguros D&O, que cubren “las acciones y omisiones, reales o presuntas, que se desarrollen en el ejercicio del cargo, siempre que no sean dolosos”. La cobertura del seguro es de tipo ‘claim made’, quedando dentro de su ámbito las reclamaciones que se den en el período de vigencia de la póliza, con independencia de que se deban a comportamientos anteriores a la contratación del seguro. Este tipo de seguros cubre esencialmente los daños económicos causados a terceros derivados de actuaciones generadoras de responsabilidad jurídica, así como los gastos de defensa (incluidas las fianzas) en los procesos que se sigan contra los administradores.
