Información de interés para los Corredores de Seguros

Finalmente, no se prohíbe a los corredores “modificar o reemplazar los datos de sus clientes por otros”

Desde el portal leydedistribuicióndeseguros.es ya se denunció en 2018 que esta prohibición se incluía en el Proyecto de Ley

leydedistribucióndeseguros.es

01 marzo 2020 | Publicado : 10:28 (01/03/2020) | Actualizado: 00:30 (02/03/2020) | Fuente: leydedistribucióndeseguros.es


El portal informativo leydedistribuciondeseguros.es ha emitido un comunicado en el que informa que el Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero que traspone la IDD al ordenamiento español ha eliminado finalmente la prohibición que, sin embargo, sí se recogía en el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y por la que se imponía a los corredores de seguros la obligación de “no modificar los datos de sus clientes o reemplazarlos por otros al facilitarlos a las compañías para la firma del contrato de seguro”

Desde el portal leydedistribucióndeseguros.es ya denunciamos en diciembre de 2018 a través de uno de nuestros comunicados titulados “Sabías que…” que esta prohibición -que era solo para corredores de seguros- se incluía en el artículo 78 del Proyecto de Ley y que determinaba expresamente lo siguiente:

“El corredor deberá facilitar a la entidad aseguradora para la firma del contrato de seguro los datos que a tal fin le hubieran sido facilitados por el cliente, sin modificarlos ni reemplazarlos por otros.”

 

Redacción definitiva

El Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero trata este aspecto referente a las normas de protección de datos. en el apartado 3 del Artículo 204, donde se ha eliminado finalmente esta prohibición, quedando su redacción definitiva así:

“Los corredores de seguros podrán tratar los datos de las personas que se dirijan a ellos amparándose en alguno de los supuestos del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.” (*)

Desde el portal leydedistribucióndeseguros.es muestran su satisfacción porque esta prohibición que se incluía en el texto del Proyecto de Ley y que se aplicaba solamente a los corredores de seguros se haya eliminado finalmente del texto definitivo ya aprobado al considerar que, además de innecesaria era discriminatoria para el corredor de seguros frente al resto de figuras de la distribución y se congratulan de haber podido colaborar con su comunicación informativa del pasado diciembre de 2018 a ello.

Asimismo, desde el portal reiteran que el texto finalmente aprobado a través del Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero, si bien es, en su gran mayoría, similar al que ya se conocía por el Proyecto de Ley, ha introducido algunas importantes modificaciones al mismo en aspectos muy concretos como es este tema.


(*) Artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016:
El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
a)  el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
b)  el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
d)  el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
e)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
f)  el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

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